*Iveth Orellana Vera
En América Latina, los programas de alimentación escolar han sido históricamente una de las políticas públicas más relevantes para garantizar el derecho a la alimentación de niños y niñas, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 evidenció con fuerza la fragilidad de estos sistemas, afectando a millones de estudiantes y profundizando las brechas sociales y nutricionales en la región.
En este contexto, resulta imprescindible repensar estos programas no solo como mecanismos de provisión alimentaria, sino como estrategias integrales de seguridad alimentaria y nutricional, donde la participación comunitaria desempeña un rol central.
Enfoque metodológico: una mirada desde la participación
La investigación doctoral que sustenta este análisis se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de carácter fenomenológico–hermenéutico, orientado a comprender cómo se configura la participación comunitaria en la implementación de políticas públicas de alimentación escolar en contextos locales de Bolivia, Ecuador y Perú.
A partir de un proceso de triangulación de técnicas como las entrevistas semiestructuradas, encuestas participativas, observación en territorio y análisis documental se recogieron percepciones y experiencias de diferentes actores: autoridades educativas, descentralizadas, responsables municipales, madres y
padres de familia, estudiantes y líderes comunitarios.
Asimismo, se incorporó un ejercicio de validación a través de un panel de expertos bajo las metodologías Delphi y Metaplan, con participación de académicos vinculados al Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe – ODA-ALC y otros especialistas, lo que permitió enriquecer el análisis desde una perspectiva andina regional. Este enfoque permitió no solo identificar prácticas, sino comprender las dinámicas
de participación comunitaria como base de la gobernanza de la alimentación escolar que influyen en la efectividad de estas políticas.
Principales hallazgos: la participación como factor determinant
Los resultados evidencian que la participación comunitaria no es un elemento
accesorio, sino un factor determinante para la sostenibilidad y efectividad de los
programas de alimentación escolar.
En los territorios analizados, se identificaron tres dimensiones importantes:
- Participación funcional, vinculada al apoyo logístico y operativo
(preparación de alimentos, control social). - Participación consultiva, donde las comunidades son escuchadas, pero no
necesariamente inciden en la toma de decisiones. - Participación transformadora e institucionalizada, en la que actores
comunitarios co-gestionan el programa, fortaleciendo su pertinencia
cultural, su transparencia y su impacto.
Los hallazgos muestran que, a mayor nivel de participación social, se generan
mejores resultados en términos de:
- Calidad y aceptación de los alimentos,
- Articulación con la producción local,
- Apropiación social del programa, y
- Contribución a la seguridad alimentaria y nutricional.
Sin embargo, también se evidencian limitaciones estructurales: debilidad
institucional, escasa articulación intersectorial y falta de mecanismos formales que
garanticen una participación efectiva.
Vinculación con iniciativas regionales: el rol de la RAES y el ODA-ALC
Estos resultados dialogan directamente con los enfoques promovidos por la Red de Alimentación Escolar Sostenible – RAES impulsada por la FAO, que promueve sistemas de alimentación escolar integrales, sostenibles y vinculados a la producción local, con participación activa de las comunidades.
Asimismo, el acompañamiento del Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe – ODA-ALC, ha sido fundamental para fortalecer el análisis desde una perspectiva de derechos, promoviendo el intercambio académico y la generación de evidencia para la toma de decisiones. Ambas plataformas reflejan una tendencia regional: avanzar hacia modelos de alimentación escolar que transformen territorios, fortalezcan economías locales y promuevan inclusión social.
Desafíos pendientes: de la evidencia a la política pública.
A pesar de los avances, nuestros países enfrentan desafíos importantes:
- Institucionalizar mecanismos de participación comunitaria en la normativa,
- Fortalecer capacidades locales para la gestión de programas,
- Garantizar financiamiento sostenible, y
- Consolidar sistemas de monitoreo y evaluación con enfoque territorial.
Asimismo, es necesario avanzar hacia una participación comunitaria como
fundamento de la gestión pública, donde Estado, comunidad, academia y
cooperación internacional trabajen de manera articulada, superando enfoques
fragmentados.
Reflexión final
La evidencia es clara, la participación comunitaria no es un complemento, es un pilar para garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Hoy más que nunca, en un contexto global marcado por crisis múltiples, los
programas de alimentación escolar deben ser concebidos como políticas estratégicas de Estado, con enfoque de derechos, género y sostenibilidad.
La evidencia recogida en este estudio muestra que es posible avanzar hacia modelos de alimentación escolar más inclusivos y efectivos. Sin embargo, el desafío sigue siendo traducir estos hallazgos en decisiones políticas concretas. Porque alimentar no es solo proveer alimentos, es construir políticas públicas con sentido territorial, equidad social y participación comunitaria efectiva.
*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de la autora y no reflejan necesariamente la posición de la RAES ni de otras instituciones.