Máximo Torero*
El hambre está disminuyendo en la mayor parte de América Latina y el Caribe. El próximo reto de la región es aún más difícil: garantizar que toda la población pueda permitirse una dieta saludable, y no solo las calorías suficientes para sobrevivir. La tasa regional de hambre descendió por quinto año consecutivo en 2025, hasta alcanzar un mínimo histórico del 4,8 %, frente al máximo registrado durante la pandemia, que fue del 6,1 % en 2020.
Alrededor de 32 millones de personas se enfrentaron al hambre: más de 1 millón menos que en 2024 y 7,5 millones menos que en 2020. La inseguridad alimentaria moderada o grave —que incluye a las personas obligadas a saltarse comidas o a comer menos— también descendió hasta el 22,9 %, por debajo de su nivel de 2015, que era del 23,4 %. El porcentaje de personas que padecen hambre en el mundo que corresponde a la región ha permanecido en torno al 5 % durante los últimos 15 años.
Este progreso no ha sido fortuito. Es el reflejo de inversiones sostenidas en productividad agrícola y una mayor protección social, incluidos los programas de transferencias monetarias y de alimentación escolar promovidos por el Brasil y México.
Los países que registran los mayores avances difieren considerablemente entre sí, pero sus políticas revelan un patrón coherente. Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guyana y Uruguay han reducido el hambre a menos del 2,5 %, nivel por debajo del cual la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se limita a indicar en sus estimaciones que la cifra es “inferior al 2,5 %”. Desde mediados del decenio de 2000, Bolivia ha reducido su tasa del 27,6 % al 19,5 %; Colombia, del 11,0 % al 4,1 %; el Perú, del 17,9 % al 5,7 % y Panamá, del 14,8 % al 4,7 %.
Estos datos, extraídos de la edición de 2026 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, muestran que el hambre disminuye cuando las políticas agrícolas, económicas y sociales se refuerzan mutuamente. La protección social preserva el poder adquisitivo. Las inversiones en el sector agrícola incrementan la productividad. Las infraestructuras rurales conectan a los agricultores con los mercados. Las comidas escolares y las transferencias monetarias protegen a las familias vulnerables al tiempo que generan demanda de alimentos producidos localmente.
Sin embargo, los avances siguen siendo frágiles y desiguales.
La crisis de Oriente Medio de 2026 plantea una amenaza menos uniforme en esta región que en África o Asia. En América Latina y el Caribe se produce más petróleo crudo del que se consume, y algunos países exportadores de energía podrían beneficiarse del alza de precios. No obstante,
este promedio regional oculta la vulnerabilidad de muchas economías centroamericanas y caribeñas que dependen en gran medida de los combustibles importados y siguen siendo vulnerables al aumento de los costos de la energía, los fertilizantes, el transporte y las importaciones de alimentos. La crisis generará ganadores y perdedores en la región; no la dejará indemne.
La brecha más marcada se da en el Caribe. Su tasa de hambre aumentó ligeramente, hasta el 16,6 % en 2025 —casi cinco veces superior a la de América del Sur—, mientras que la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó el 52 % y fue la más elevada de todas las subregiones.
Haití es el caso más extremo. Su tasa de hambre pasó del 47,7 % al 51,4 %, y más de la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria aguda. Haití es el único país de las Américas —y uno de los cinco de todo el mundo— donde la población se enfrenta a niveles catastróficos de hambre. La violencia armada, el colapso institucional, el declive económico y las perturbaciones climáticas están reduciendo a la nada años de evolución, incluso sin que se haya declarado oficialmente una guerra.
Sin embargo, el hambre refleja tan solo una dimensión de la privación. El costo de una dieta saludable pone de manifiesto un problema estructural más amplio.
América Latina y el Caribe cuenta con la dieta saludable más cara del mundo. En 2025, su costo promedio ascendió a 4,91 dólares de paridad de poder adquisitivo por persona y día, frente a los 4,35 de África, los 4,33 de Asia y los 3,64 de América del Norte y Europa. En el Caribe, el costo alcanzó los 6,04 dólares de paridad de poder adquisitivo, el más elevado de todas las subregiones, frente a los 4,66 de América Central.
Dado que los ingresos regionales son, en promedio, más elevados, el porcentaje de personas que no pueden permitirse una dieta saludable —el 25,7 %— sigue siendo muy inferior al 66,1 % de África y no ha cesado de disminuir desde 2021. Sin embargo, los promedios vuelven a ocultar una grave privación. En Haití, el 88,9 % de la población no puede permitirse una dieta saludable.
Por lo tanto, América Latina y el Caribe ha logrado avances reales en la lucha contra la privación calórica. No obstante, disponer de calorías suficientes ya no es su único reto alimentario, ni siquiera el más importante. Una dieta que evite el hambre no previene necesariamente la anemia, el retraso del crecimiento infantil, la obesidad, la diabetes y otras formas de malnutrición. Una dieta saludable requiere una cantidad adecuada de frutas y hortalizas y alimentos de origen animal; sin embargo, dicha dieta resulta más cara en esta región que en cualquier otro lugar.
Los elevados costos de la alimentación en la región obedecen, en particular, a las hortalizas y a lo que ocurre una vez que los alimentos salen de la explotación agrícola. Carreteras en mal
estado, redes ferroviarias limitadas, almacenamiento frigorífico inadecuado, suministro energético poco fiable, mercados ineficientes y las pérdidas posteriores a la cosecha elevan los costos a medida que los alimentos nutritivos pasan por las fases de almacenamiento, elaboración, transporte, venta al por mayor y al por menor. No se trata simplemente de un problema de producción. Es un problema que se produce en las etapas intermedias.
Por lo tanto, la respuesta en materia de políticas debe ser más precisa que el mero aumento del gasto en agricultura. Las subvenciones agrícolas generalizadas no repararán las cadenas de suministro deterioradas. Los gobiernos deberían invertir en la productividad hortícola, las carreteras rurales, las conexiones ferroviarias, las cadenas de frío, el almacenamiento, las plantas de envasado, el suministro energético fiable, los mercados de venta al por mayor y el transporte competitivo. Estas inversiones reducirían las pérdidas, ampliarían el suministro y bajarían el precio de las frutas, las hortalizas y otros alimentos ricos en nutrientes.
El orden de las medidas también es importante. Ampliar los programas de comidas escolares, las transferencias monetarias o los cupones para alimentos antes de que la oferta logre dar respuesta puede elevar los precios locales y excluir a los consumidores a los que estos programas pretenden ayudar. Las inversiones en la producción y las cadenas de suministro deben preceder —o al menos acompañar— a las medidas que estimulan la demanda.
Hace un decenio, el Brasil, Colombia, el Perú y la República Dominicana podrían haber parecido casos de éxito inconexos. Ahora sabemos que sus logros se debieron a inversiones específicas en protección social y productividad agrícola.
Lograr que las dietas saludables sean asequibles requerirá la misma determinación, dirigida esta vez hacia las infraestructuras, la logística y los mercados que hacen llegar los alimentos nutritivos a los consumidores. La prioridad inmediata es extender los avances de la región al Caribe y, con mayor urgencia, a Haití.
América Latina y el Caribe ha probado que es posible reducir el hambre. Ahora debe demostrar que una dieta saludable no tiene por qué seguir siendo un privilegio.
*Máximo Torero es el Economista Jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.