En América Latina y el Caribe, una de cada tres personas que trabajan en los sistemas agroalimentarios es mujer. Aun así, casi la mitad trabaja sin remuneración y con poco poder de decisión. ¿Qué hay detrás de esa paradoja?
En la actualidad, el rol de la mujer en los sistemas agroalimentarios se ha vuelto cada vez más complejo. Ya no solo cultivan la tierra: hoy son vendedoras, empresarias y procesadoras. Solo en América Latina y el Caribe representan el 36 % de la fuerza laboral agroalimentaria, y son mayoría en la manufactura de alimentos (55 %) y el comercio (52 %).
Sin embargo, estos datos no cuentan la historia completa. Las mujeres sostienen gran parte de la economía rural, pero la estructura social que las rodea permanece estancada. El trabajo de las mujeres continúa siendo infravalorado y se desarrolla en peores condiciones que el de los hombres: es mayoritariamente irregular, informal, de escasa cualificación y no remunerado, lo que las invisibiliza en términos económicos y estadísticos. Bajo esa etiqueta, casi la mitad realiza labores sin reconocimiento.
Mientras que los hombres son denominados jefes de hogar o agricultores principales, a nivel regional, según datos de la FAO, el 48 % de las mujeres continúa desempeñando trabajo no remunerado con muy poco o nulo poder de decisión sobre la gestión de los recursos, los ingresos y las actividades productivas del hogar.
Cerrar estas brechas no es solo una cuestión de justicia, sino una condición para garantizar el futuro de la seguridad alimentaria en la región.
Doble jornada, pocas oportunidades
En una finca hortícola del valle central de Chile, una mujer trabajadora rural puede comenzar su día antes del amanecer, preparar el desayuno, llevar a los hijos al colegio y llegar al campo para cumplir una jornada que probablemente tendrá un contrato temporal. Esta realidad afecta a un 82 % de las mujeres del sector, una cifra que supera el 42 % registrado entre los hombres.
Esta doble carga —productiva y reproductiva— no es una elección. Es el resultado de normas sociales que asignan a las mujeres la responsabilidad casi exclusiva del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Ese tiempo dedicado a cocinar, limpiar y cuidar es tiempo que no puede destinarse a la capacitación, a la búsqueda de mejores empleos o a la formalización de un negocio.
La informalidad, entonces, no es casualidad. En muchos casos aparece como la alternativa disponible dentro de jornadas ya saturadas. Además, es una situación que tiende a reproducirse, ya que los empleos estacionales e informales no solo reducen los ingresos, sino que también dejan a las mujeres fuera de las redes de protección social.
La desigualdad también se manifiesta en el acceso a la tierra. En Honduras y Perú, los hombres representan el 70 % de los propietarios de parcelas. Sin tierra propia, las mujeres no cuentan con garantías para acceder a créditos y esto reduce su influencia no solo en la producción, sino también en el ámbito económico. El impacto de esta exclusión también se refleja en el salario: aunque varía según el país, un estudio realizado en 10 países concluyó que las mujeres ganaban, en promedio, solo 82 centavos por cada dólar que recibe un hombre por la misma labor.
La brecha se extiende incluso al diseño de la tecnología agrícola. La maquinaria suele fabricarse según la fuerza y estatura promedio de los hombres, y muchas veces las mujeres quedan fuera de las pruebas de uso. En el Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, una máquina para clasificar papas fue desarrollada sin consultar a las trabajadoras que realizaban esa labor. Como resultado, el equipo fue difícil de manejar y terminó sin utilizarse, convirtiéndose en un obstáculo en lugar de una herramienta clave de trabajo en esta cadena de valor.
Lo que las leyes no ven
Las barreras que enfrentan las mujeres no son solo económicas, sino también normativas. Los datos muestran que menos del 15 % de los documentos de política agraria en la región abordan de manera directa las normas sociales de género. Las políticas públicas que omiten estas realidades no cuentan con suficientes herramientas para transformarlas.
Esta omisión tiene consecuencias concretas. En el 53 % de los países de la región, el marco legal que protege los derechos de las mujeres sobre la tierra es bajo o inexistente, según el informe de la FAO, La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios. Aunque la falta de títulos afecta al sector rural en general, los datos muestran que la brecha es mayor entre las mujeres. Al no titular la tierra, no pueden solicitar créditos bancarios ni acceder a programas estatales que exigen la propiedad como garantía.
A ello se suma otro vacío: el de los datos. Aunque existen avances en la región, hoy aún no contamos con información suficiente y desagregada para dimensionar esas realidades, y sin datos claros, los programas de igualdad no pueden corregir lo que no pueden ver.
Estrategias que funcionan
Reducir estas brechas es posible, y existen estrategias probadas para hacerlo. Las reformas legales que garantizan la propiedad conjunta de tierras, los programas de protección social que fortalecen el empleo femenino —como los implementados en el Estado Plurinacional de Bolivia— y las iniciativas de capacitación técnica —con resultados documentados en Nicaragua— demuestran que cerrar estas desigualdades no es una aspiración abstracta. Lo mismo ocurre con las tecnologías digitales: países como Costa Rica han establecido metas concretas de inclusión femenina en el acceso a banda ancha, reconociendo que la brecha tecnológica es también una brecha productiva.
El desafío más persistente sigue siendo la carga de trabajo no remunerado. Mientras las tareas domésticas y de cuidado recaigan casi exclusivamente sobre las mujeres, cualquier otra intervención tendrá un alcance limitado. Proyectos que han trabajado para redistribuir esas responsabilidades al interior de las familias, como los desarrollados en Colombia, ofrecen lecciones valiosas sobre cómo transformar las normas sociales que sostienen la desigualdad.
Estos ejemplos no son excepciones aisladas, sino evidencia de que las intervenciones bien diseñadas generan resultados medibles. Ampliar estas experiencias será clave para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más inclusivos y sostenibles.
Lea aquí la publicación: https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd4012es
Para obtener más información
- Directrices para medir el cambio de género transformador en el contexto de la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible
- Plataforma regional para el empoderamiento de las mujeres rurales
- Género, hambre y malnutrición: Transformando la realidad desde la labor legislativa
Contenido publicado por la Oficina Regional de FAO en América Latina y el Caribe